Ley de Glaciares: alerta en el sur mendocino por posibles cambios y su impacto hídrico

El Gobierno nacional impulsa una reforma —o incluso derogación— de la Ley de Glaciares, con el objetivo de flexibilizar áreas protegidas y habilitar actividades mineras, hidrocarburíferas y de infraestructura. Aunque aún no hay un proyecto definitivo, la intención oficial de avanzar en sesiones extraordinarias ya generó una fuerte reacción de organizaciones ambientales y científicas.

En este escenario, un informe del IANIGLA expone datos clave: el sur de Mendoza concentra el 20,9% del total de glaciares provinciales, con más de 258 km² de hielo distribuidos en 1.345 cuerpos. Solo las cuencas de los ríos Atuel y Diamante reúnen 188 km² de superficie englazada, vitales para abastecer de agua a una provincia estructuralmente árida.

Mendoza es la segunda jurisdicción con más superficie glaciar del país, con 1.239 km² inventariados. En ese mapa, las cuencas del Diamante y del Atuel se destacan como reservorios estratégicos que alimentan ríos, represas y sistemas de riego esenciales para la actividad agrícola, energética y urbana.

Para especialistas y ambientalistas, una flexibilización de la ley podría comprometer ecosistemas de alta montaña y poner en riesgo el abastecimiento futuro de agua en un contexto de crisis hídrica y cambio climático.